¿La expansión continúa?

Traplev, repreZentação, 2016/17, impresion sobre adhesivo colado sobre placa ps, 60cmx64cm cada una (Foto Pedro Vitor Brandão)

La crítica y curadora Marta Mestre envía a esferapublica la siguiente reflexión sobre las instituciones, sus crisis y procesos de renovación, sus capacidades imaginativas e instituyentes, así como su tendencia a definir consensos.  Se publica la versión en castellano seguida de la versión en portugués.

“La imaginación instituye la institución”. Independientemente del tiempo que ha pasado entre la reflexión de Cornelius Castoriadis (1922-1997), de la cual resultó esta frase, y las diferencias cada vez mayores entre el contexto pos Mayo del 68 que fue el suyo, y el mundo pos Trump que es hoy el nuestro, esta posee una especie de fuerza motriz que nos da la capacidad de transformar su pasado reminiscente en un presente activo y político. Esto queda en evidencia especialmente si hablamos de Brasil, donde varios campos de la sociedad, en especial el de la cultura, que es el asunto que aquí nos interesa, vive una crisis democrática, basada en el protagonismo cada vez mayor de los poderes económicos privados, de principio especulativos. La idea que defendemos es que, si la “imaginación instituyente”, de la que habla Castoriadis, es contemporáneamente necesaria, solo estaremos garantizando instituciones democráticas en el futuro, es decir, lugares públicos donde podremos ejercer nuestras más diversas subjetividades, géneros y presencias. Si observamos los actuales impasses de las políticas económicas y de las políticas culturales, el asunto es extenso, tiene diferentes capas de comprensión y la idea no es agotar aquí ninguno de ellos, sino más bien abrir un debate, conociendo que uno de los aspectos “optimistas” de la reflexión de Castoriadis es la idea del imaginario como una fuerza política que se anticipa a la materialidad de las instituciones  y a sus formas legislativas, y que tal como un músculo principal con gran capacidad instituyente tiene poder de derribar la rigidez y cuestionar el “status-quo”. Y es con este mismo espíritu que la Documenta 14 de este año, entre Kassel y Atenas, ha optado por trabajar exclusivamente con instituciones públicas: si lo que está en causa es la participación y la democracia en una Europa (y en un mundo) dividida, el proyecto de la Documenta debe ser entendido como un servicio público.

Imaginar las instituciones es, por lo tanto, un aspecto fundamental de nuestra condición contemporánea y posmoderna, definidor de nuestra participación cívica en el mundo (véase la importancia de la “crítica institucional” para la redefinición de la función de los museos en las décadas de 60, 70 e inicio de los 80), y por eso mismo el objetivo de estrategias bien conocidas (por ser ampliamente practicadas) por los gobiernos autoritarios: desguazando las instituciones públicas (a través de la desinversión  financiera y simbólica en la cultura y para la educación), se desmonta  nuestra capacidad de imaginar.

Una de las reflexiones clave pasa por entender que tipo de instituciones  queremos y podemos, sin que esto llegue a ser definidor de consensos. En el caso de las instituciones culturales (inclúyanse aquí una amplia variedad de formas de organización  pública y privada: museos, galerías, colectivos, escuelas de arte, ferias, etc.), es la diferencia entre forma institucional y forma instituyente que, a mi parecer, vale la pena traer a debate. Mientras en el primer caso la sociedad y sus instrumentos políticos y económicos operan para producir una realidad “armoniosa”, siendo que las instituciones convergen y expresan la vida de modo pacífico, en el segundo caso, las instituciones deben ser capaces de abrirse a las dinámicas conflictivas de la sociedad civil y sus más diversos capitales simbólicos. Dando un ejemplo concreto, en 2011 el Instituto Oi Futuro/ Rio de Janeiro, perteneciente a la empresa de comunicaciones homónima, operadora en toda América del Sur, descartó una exposición previamente confirmada, de la fotógrafa norteamericana Nan Goldin, alegando conflicto de las imágenes de contenido sexual con su proyecto educativo. En consecuencia, el Museo de Arte Moderna de Rio de Janeiro recibió la muestra viendo en ella una oportunidad no sólo de exponer el trabajo de la artista, sino también de promover un fórum público de discusión multidisciplinar sobre el cariz sexual de las imágenes. Entre forma “institucional” y forma “instituyente”, aquello que las distingue es, en gran medida, la disputa por el derecho del “museo” (en sentido ampliado) de ejercer ciudadanía, algo que se ve amenazado en el actual contexto.

En el caso de Brasil, la inestabilidad política y económica que se ha venido viviendo, especialmente en los últimos años, favorece a las “formas institucionales”, en detrimento de las “formas instituyentes”. O sea, el Estado cada vez más dimisionario en su función de asegurar los principios constitucionales de acceso a la cultura, pasa a los poderes privados el mantener este acceso. Esto deriva en una nueva configuración de los cargos y funciones en las instituciones culturales. Lugares que tradicionalmente eran ocupados por curadores, artistas o “intelectuales” pasan a tener al frente gestores, coleccionistas privados o “art advisers”, y el “business plan” pasa a prevalecer en cierto modo sobre el proyecto artístico. No se confunda esta última afirmación con posiciones radicales que defienden el descarte de la presencia de profesionales de gestión, o hasta la idílica “autonomía” total de lo artístico en las instituciones, pues no se trata de eso – la autonomía es un espejismo y no existen instituciones “independientes”. A lo que me refiero es a la disputa por quien habla en el número del “ventrílocuo”, a la falta de estabilidad política mínima para que las instituciones culturales puedan mantener un diálogo democrático con los poderes económicos privados. Y eso, no raramente , resbala en formas de servilismo

Recientemente pude leer Museums: Managers of Consciousness (1986), de Hans Haacke, texto sensible y premonitorio, donde el artista alemán analiza la estructura de los consejos de los museos públicos y privados de los EE.UU. – “organizaciones sociales” que siguen “modelos industriales” -, trayendo a la época cambios profundos con la adhesión a los mercados neoliberales. El texto de Haacke tiene el mérito de anunciar la aparición de formas avanzadas de capitalismo en la cultura, como también la desaparición galopante de la función cívica de los museos. Sin hacer referencia explícita, el artista refuerza la importancia de los años 80 para lo que se convertirá en el imaginario actual: la consolidación de los modelos corporativos y de los consensos neoliberales. Fabricando deseos y consumidores para las mismas, las empresas pasan a operar directamente sobre las narrativas que deben o no deben componer la sociedad y sobre sus formas de expresión cultural, y las lógicas culturales pasan a estar regidas por el consumo y el entretenimiento.

Transponiéndolo hacia el caso de Brasil, también los años 80 son ”particulares” (una “caja negra”, según el artista Ricardo Basbaum), para entender los avances del mercado y los consensos sobre la cultura y sobre las artes visuales. Uno de ellos es la   lectura que se hace del arte de los años 80 a la luz del consenso del “retorno a la pintura” por un lado, y de lo contenido exótico y tropical de la producción brasileña por el otro. Las razones de esta lectura no están solamente con aquellos que la siguen, creo que se debe  también al vacío crítico de curadores, investigadores y principalmente a las instituciones brasileñas en esos años. En vez de producir realidades “instituyentes”, dinámicas y disenso, se alimentó la “ideología del consenso”, el mercado libre y especulativo de las ideas, sometido a la ley de la oferta y la demanda. Solamente eso explica, por ejemplo, que apenas en el 2008 el artista Paulo Brusky, conocido por su trabajo en performance y arte postal, hiciera su primera participación en una galería comercial. De ahí en adelante, la relectura crítica de la obra de Bruscky ha posibilitado no sólo la inclusión de su poética marginalizada, sino principalmente la reconsideración del canon historiográfico a la luz de aquel que el proprio canon había olvidado. Rescates de este tipo, sostenidos plenamente por instituciones y análisis críticos, son muy diferentes de la búsqueda de “artistas olvidados” ya que aparecen nuevos nichos de mercado que podrían movilizar la obtención de nuevos lucros. En este sentido los museos, y no el mercado, todavía ocupan un papel importante en la legitimación y la validación de los artistas.

También es en los años 80 cuando surge el gran punto de inflexión para las instituciones culturales públicas y privadas en Brasil: el surgimiento de las leyes de incentivo fiscal, la Ley Sarney (de 1986) y más tarde la Ley Rouanet (de 1991). Me refiero a estas como un “campo de fuerza ”, pues aquí se lanzó (y todavía se lanza) un doble movimiento que tanto profesionalizó las instituciones y diversificó la cadena  productiva de las artes, como también privatizó y amoldó la cultura a las empresas, que se convirtieron en los  “players”  reales del acontecimiento.

Entre los puntos críticos de las leyes de incentivo en Brasil, que podrían compararse con otros casos de Latinoamérica, me parece importante destacar dos. En primer lugar la financiarización del arte y de las instituciones, o sea, la relación consolidada de artistas, museos, ferias, curadores, galerías, bienales, etc., por vía de los actuales modelos de incentivo fiscal, con un sistema económico formado por el capitalismo avanzado, aquel que determina de forma estratégica la expansión de la riqueza y el avance tecnológico (grandes empresas, bancos e instituciones financieras, etc.). El punto crítico, a mi parecer, está en el débil poder regulador del Estado Brasileño. En su incapacidad de intermediar las relaciones entre las instituciones culturales y los grupos empresariales, lo que genera intercambios directos y autónomos entre estos. Las consecuencias son varias, pero una de ellas queda particularmente visible: la creciente presencia y participación de modelos empresariales en los consejos y en la dirección de las instituciones culturales, y la filosofía de las instituciones que pasa a ser orientada hacia un kit de metas y contrapartidas semejantes al de un departamento de marketing.

El segundo efecto negativo para el que las actuales leyes de incentivo fiscal han  contribuido y contribuyen, es la acumulación de riqueza. La afirmación puede sonar extraña ya que las mismas leyes también han diversificado el esquema de producción de las artes, Sin embargo es sabido que el dinero público en Brasil también incentiva colecciones de arte privadas, ferias de arte, o incluso galerías comerciales, y el surrealismo, que por aquí nunca medró, comienza a proliferar en juegos de palabras que eluden ferias de arte en “festivales”, o galerías en “institutos” y “asociaciones culturales sin fines lucrativos”, modos de seguir garantizando el acceso a las leyes de incentivo a la cultura.

Como ya se anunció anteriormente, el debate es complejo, hay diferentes interlocutores y aspectos a tenerse en cuenta, pero es necesario hacerlo, una vez que el uso de dinero público tiene que engendrar amplias formas de participación social, especialmente en un país de profundas asimetrías como lo es Brasil, y que tiene sus instituciones públicas debilitadas. Las más recientes instrucciones normativas de la ley no alteran el punto central que es: la necesidad de que el Estado organice criterios públicos y un mayor control social en la distribución de los recursos, que reduzca, a largo plazo, el porcentaje de dinero público dedicado al montante de la ley Rouanet, que ya llegó cerca del 95%, y que ha contribuido a acentuar las asimetrías nacionales privilegiando en un 80% a la región Sudeste.

De esta forma, Si es importante que coleccionistas privados pongan a disposición sus colecciones a los museos para usufructo del público – el patrimonio artístico brasileiro está disperso y sólo así se podrá tener acceso a núcleos expresivos que ayuden a entender la historia del arte – también deberá ser legítimo querer saber sobre el destino de esas colecciones, transcurridas décadas de conservación, estudio y valorización comercial, financiadas por leyes de incentivo fiscal y recursos públicos. Del mismo modo, Tampoco nos dice nada sobre si un coleccionista privado trabaja con art advisers ligados a grandes casas de subastas internacionales, si por casualidad su proyecto llega a adquirir una finalidad pública, no dudo en que la dirección deba ser representativa y abierta, de forma a evitar modelos de crecimiento que ya comprometen el futuro. Sobre esto véase la reflexión que Beatrix Ruf, directora del Stedelijk Museum, Ámsterdam, ha promovido recientemente en el Verbier Art Summit 2017, en Suiza, titulada precisamente “Size Matters!” (“¡El tamaño importa!”).

La vida de las instituciones culturales en los últimos años han sido de crisis y renovaciones constantes y sabemos que este marco permanecerá por más tiempo, en el caso brasileño, las leyes de incentivo necesitan ir a la par de la profundización de la democracia y no al contrario. Es precisamente en este contexto que importa pensar la capacidad instituyente de las instituciones y como conjuntamente conseguiremos imaginarlas de aquí en adelante, Recordando la reflexión de Castoriadis. La ecuación no es fácil sin lugar a dudas, aunque tal vez sea a partir de un doble movimiento de apertura y protección. Abriendo las instituciones a diferentes espacios, niveles y mecanismos de participación, algunos de ellos conflictivos. Así se podrá realizar un proceso colectivo en el contexto de los antagonismos y de las crisis actuales, en diálogo con los poderes económicos privados. Protegiendo a las instituciones, o sea, creando las condiciones para que puedan operar, independientemente de las fluctuaciones de los mercados, de las megalomanías de coleccionistas privados, o de los intereses políticos. Parafraseando Hans Haacke: “Nunca ha sido fácil para los museos preservar o recuperar un grado de dirección e integridad intelectual. Es necesario ponderación, inteligencia, determinación y algo de suerte. Pero una sociedad democrática no exige nada menos que esto”.

 

Traducción de Eladia Martín Sánchez

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A expansão continua? 

“A imaginação institui a instituição”. Independentemente do tempo que passou entre a reflexão de Cornelius Castoriadis (1922-1997), da qual resultou esta frase, e as diferenças cada vez maiores entre o contexto pós-Maio de 68 que foi o dele, e o mundo pós-Trump que é hoje o nosso, esta possui uma espécie de força motriz que nos dá a capacidade de transformar o seu passado reminiscente num presente ativo e político. Isso fica especialmente evidente se falarmos do Brasil, onde vários campos da sociedade, em especial a cultura, que é o assunto que aqui nos importa, vivem uma crise democrática, alicerçada no protagonismo cada vez maior dos poderes económicos privados de princípio especulativo. A ideia que defendemos é que, se a “imaginação instituinte” de que fala Castoriadis é contemporaneamente necessária, só estaremos garantindo instituições democráticas para o futuro, isto é, lugares públicos onde poderemos exercer as nossas mais diversas subjetividades, gêneros e presenças, se atentarmos para os atuais impasses das políticas económicas e das políticas culturais. O assunto é extenso, tem diferentes camadas de entendimento, e a ideia não é esgotar aqui nenhum dos argumentos, mas antes abrir um debate, sabendo que um dos aspetos “otimistas” da reflexão de Castoriadis é a ideia do imaginário como força política que se antecipa à materialidade das instituições e às suas formas legislativas, e que tal como um músculo principal com grande capacidade instituinte, tem poder de questionar a fixidez e o “status-quo”. E é com este mesmo espírito que Documenta 14 deste ano, entre Kassel e Atenas, opta por trabalhar exclusivamente com instituições públicas: se o que está em causa é a participação e a democracia numa Europa (e num mundo) dividida, o projeto da Documenta deve ser entendido como um serviço público.

Imaginar as instituições é, portanto, um aspeto fundador da nossa condição contemporânea e pós-moderna, definidor da nossa participação cívica no mundo (veja-se a importância da “crítica institucional” para a redefinição da função dos museus nas décadas de 60, 70 e inicio dos 80), e por isso mesmo o alvo das estratégias bem conhecidas (porque largamente praticadas) pelos governos autoritários: sucateando as instituições públicas (através do desinvestimento financeiro e simbólico na cultura e na educação) desmonta-se a nossa capacidade de imaginar.

Uma das reflexões-chave passa por entender que tipo de instituições queremos e podemos, sem que isso venha a ser definidor de consensos. No caso das instituições culturais (inclua-se aqui uma ampla variedade de formas de organização pública e privada: museus, galerias, coletivos, escolas de arte, feiras, etc.), é a diferença entre forma institucional e forma instituinte que, julgo, vale trazer ao debate. Enquanto no primeiro caso a sociedade e os seus instrumentos políticos e econômicos operam para produzir uma realidade “harmoniosa”, sendo que as instituições convergem e expressam a vida de modo pacífico, no segundo caso, as instituições devem ser capazes de se abrir às dinâmicas conflitivas da sociedade civil e seus mais diversos capitais simbólicos. Dando um exemplo concreto, em 2011 o Instituto Oi Futuro/ Rio de Janeiro, pertencente à empresa de comunicações homônima, operadora em toda a América do Sul, descartou uma exposição previamente confirmada, da fotógrafa norte-americana Nan Goldin, por alegado conflito das imagens de conteúdo sexual com o seu projeto educativo. Na sequencia, o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro recebeu a mostra vendo nela uma oportunidade não só de expor o trabalho da artista, como também de promover um fórum público de discussão multidisciplinar sobre o cariz sexual das imagens. Entre forma “institucional” e forma “instituinte”, aquilo que as distingue é, em grande medida, a disputa pelo direito do “museu” (em sentido ampliado) em exercer cidadania, algo que surge ameaçado no atual contexto.

No caso do Brasil, a instabilidade política e económica que se tem vivido, especialmente nos últimos anos, favorece as “formas institucionais”, em detrimento das “formas instituintes”. Ou seja, o Estado cada vez mais demissionário na sua função de assegurar os princípios constitucionais de acesso à cultura, passa para os poderes privados a manutenção deste acesso. Disto é recorrente uma nova configuração dos cargos e funções nas instituições culturais. Lugares que tradicionalmente eram ocupados por curadores, artistas ou “intelectuais” passam a ter à frente gestores, colecionadores privados ou “art advisers”, e o “business plan” passa a prevalecer relativamente ao projeto artístico. Não se confunda esta última afirmação com posições radicais que defendem o descarte da presença de profissionais de gestão, ou até mesmo a idílica “autonomia” total do artístico nas instituições, pois não se trata disso – a autonomia é uma miragem e não existem instituições “independentes”. Aquilo que me refiro é à disputa por quem fala no número do “ventríloquo”, à falta de estabilidade política mínima para que as instituições culturais possam manter um diálogo democrático com os poderes económicos privados. E isso, não raras as vezes, resvala em formas de subserviência.

Recentemente pude ler Museums: Managers of Consciousness (1986), de Hans Haacke, texto sensível e premonitório, onde o artista alemão analisa a estrutura dos conselhos dos museus públicos e privados dos E.U.A. – “organizações sociais” que seguem “modelos industriais” -, vendo à época mudanças profundas com a adesão aos mercados neoliberais. O texto de Haacke tem o mérito de anunciar o aparecimento de formas avançadas do capitalismo na cultura, como também o desaparecimento galopante da função cívica dos museus. Sem que o refira explicitamente, o artista reforça a importância dos anos 80 para aquilo que virá a ser o imaginário atual: a consolidação dos modelos corporativos e dos consensos neoliberais. Fabricando vontades e consumidores para as mesmas, as empresas passam a operar diretamente nas narrativas que devem ou não devem compor a sociedade e as suas formas de expressão cultural, e as lógicas culturais passam a ser regidas pelo consumo e entretenimento.

Transpondo para o caso do Brasil, também os anos 80 são “particulares” (uma “caixa preta” segundo o artista Ricardo Basbaum), para entender os avanços do mercado e os consensos sobre a cultura e sobre as artes visuais. Um deles é a leitura que se faz da arte dos anos 80 à luz do consenso do “retorno à pintura” por um lado, e do cunho exótico e tropical da produção brasileira, por outro. As razões desta leitura não estão somente com aqueles que a seguem, mas creio que se devem ao vazio crítico de curadores, pesquisadores e principalmente das instituições brasileiras sobre esses anos. Ao invés de produzir realidades “instituintes”, dinâmicas e dissensos, alimentou-se a “ideologia do consenso”, o mercado livre e especulativo das ideias, submetido à lei da oferta e da procura. Só isso explica, por exemplo, que apenas em 2008 o artista Paulo Brusky, conhecido por seu trabalho em performance e arte-postal, tenha feito a sua primeira participação numa galeria comercial. Daí em diante, a releitura crítica da obra de Bruscky tem possibilitado não só a inclusão da sua poética marginalizada, mas principalmente a reconsideração do cânone historiográfico à luz daquele que o mesmo cânone havia esquecido. Resgates deste tipo, sustentados plenamente por instituições e análise crítica, são muito diferentes da busca por “artistas esquecidos” enquanto novos nichos de mercado que podem vir a mobilizar novos lucros a serem obtidos. Neste sentido os museus, e não o mercado, ainda ocupam um papel importante na legitimação e na validação dos artistas.

Também nos anos 80 que surge o grande divisor de águas para as instituições culturais públicas e privadas no Brasil: leis de incentivo fiscal, a Lei Sarney (de 1986) e depois a Lei Rouanet (de 1991). Refiro-me a estas como um “campo-de-forças”, pois aí jogou-se (e ainda se joga) um duplo movimento que tanto profissionalizou as instituições e diversificou a cadeia produtiva das artes, como privatizou e moldou a cultura às empresas, que se tornaram os efetivos “players” do acontecimento.

Dentre os pontos críticos das leis de incentivo no Brasil, e que podem servir de comparação com outros casos na América Latina, dois me parecem importantes destacar. Em primeiro lugar a financeirização da arte e das instituições, ou seja, a relação consolidada de artistas, museus, feiras, curadores, galerias, bienais, etc., por via dos atuais modelos de incentivo fiscal, com um sistema econômico formado pelo capitalismo avançado, aquele que determina de forma estratégica a expansão da riqueza e do avanço tecnológico (grandes empresas, bancos e instituições financeiras, etc.). O ponto crítico, a meu ver, está no fraco poder regulatório do Estado brasileiro, na sua incapacidade em intermediar as relações entre as instituições culturais e os grupos empresariais, o que gera trocas diretas e autônomas entre estes dois. As consequências são várias, mas uma é particularmente visível: a crescente presença e participação de modelos empresariais nos conselhos e na governança das instituições culturais, e a filosofia das instituições que passa a ser norteada por um pacote de metas e contrapartidas semelhante ao de um departamento de marketing.

O segundo efeito negativo para o qual as atuais leis de incentivo fiscal contribuíram e contribuem é a acumulação de riqueza. A afirmação pode soar estranha já que as mesmas leis também diversificaram o esquema de produção das artes, contudo é amplamente sabido que o dinheiro público no Brasil também incentiva coleções de arte privadas, feiras de arte, ou mesmo galerias comerciais, e o surrealismo, que por aqui nunca vingou, começa a proliferar em jogos linguísticos que driblam feiras de arte em “festivais”, ou galerias em “institutos” e “associações culturais sem fins lucrativos”, modos de continuar a garantir o acesso às leis de incentivo à cultura.

Como se referiu logo no início, o debate é amplo e complexo, tem diferentes interlocutores e aspetos a serem tidos em conta, mas é necessário, uma vez que o uso de dinheiro público tem de engendrar formas amplas de participação social, especialmente num país de profundas assimetrias como o Brasil, e que tem as suas instituições públicas debilitadas. As mais recentes instruções normativas da lei não alteram o ponto central que é: a necessidade de o Estado organizar critérios públicos e maior controle social na distribuição dos recursos, que reduza a longo prazo, o percentual de dinheiro público envolvido no montante da Rouanet, que já chegou a cerca de 95%, e que tem contribuindo para acentuar as assimetrias nacionais privilegiando em 80% a região Sudeste.

Desta forma, se é importante que colecionadores privados disponham as suas coleções nos museus para usufruto do público – o patrimônio artístico brasileiro é disperso e só assim se poderá ter acesso a núcleos expressivos que ajudem a entender a história da arte – também deverá ser legítimo querer saber sobre os destinos dessas coleções, volvidas décadas de conservação, estudo e valorização comercial, financiadas por leis de incentivo fiscal e recursos públicos. Se da mesma forma, também não nos diz respeito se um colecionador privado trabalhe com art advisers ligados a grandes leiloeiras internacionais, se porventura o seu projeto adquire um fim público, não tenho dúvida que a governança deva ser representativa e aberta, de forma a evitar modelos de crescimento que comprometem o futuro. Sobre isto veja-se a reflexão que Beatrix Ruf, diretora do Stedelijk Museum, Amesterdão, promoveu recentemente no Verbier Art Summit 2017, na Suíça, intitulada precisamente “Size Matters!” (“O tamanho importa!”).

A vida das instituições culturais nos últimos anos tem sido de crise e renovação constantes e sabemos que esse quadro permanecerá por mais tempo, e no caso brasileiro, as leis de incentivo necessitam ir a par do aprofundamento da democracia, e não o contrário. É precisamente neste contexto que importa pensar a capacidade instituinte das instituições e como conseguiremos juntos imaginá-las daqui para diante, lembrando a reflexão de Castoriadis. A equação não é simples sem dúvida, mas talvez seja a partir de um duplo movimento que abre e resguarda. Abrindo as instituições a diferentes espaços, níveis e mecanismos de participação, alguns deles conflitivos. Assim se pode realizar um processo coletivo a ser feito no contexto dos antagonismos e das crises atuais, e em diálogo com os poderes econômicos privados. E resguardando as instituições, ou seja, criando as condições para que elas possam operar, independentemente das flutuações dos mercados, das megalomanias de colecionadores privados, ou dos interesses políticos. Parafraseando Hans Haacke: “Nunca foi fácil para os museus preservar ou recuperar um grau de condução e integridade intelectual. É preciso ponderação, inteligência, determinação e alguma sorte. Mas uma sociedade democrática não exige nada menos que isso”.

Marta Mestre

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